Un nuevo revés para los partidarios de una vacunación obligatoria contra el COVID-19 en la población general en Francia. El Senado no aprobó el proyecto de ley que introduce la vacunación obligatoria contra el SARS-CoV-2.
El texto, presentado por los miembros del grupo socialista a finales de agosto, fue rechazado el 13 de octubre en sesión pública por 262 votos contra 64. Por lo tanto, esta iniciativa parlamentaria no irá más allá.
Sólo el grupo socialista, que presentó el texto, votó a favor, al que sólo se unieron tres colegas del centro y la derecha. Los demás grupos prefirieron rechazarlo. 14 senadores, de diversas tendencias, optaron por abstenerse. El gobierno, a través de Adrien Taquet, también expresó su oposición. «Preferimos convencer en lugar de coaccionar«, insistió la Secretaria de Estado de Infancia y Familias.
La semana pasada, el texto no convenció a la mayoría de la Comisión de Asuntos Sociales. El 24 de julio, los senadores socialistas intentaron introducir esta disposición modificando el proyecto de ley que introduce la vacunación obligatoria para los trabajadores de la salud y el pase sanitario. Fue rechazada por 262 votos contra 76.
Mientras tanto, la cobertura de vacunación del país ha seguido aumentando, sobre todo desde la introducción del pasaporte sanitario[U1] , una herramienta que el Gobierno quiere poder utilizar, en caso necesario, hasta el 31 de julio de 2022. Si bien la obligatoriedad de las vacunas no fue aprobada, este pase representa un método de control y represión.
A finales de julio, los socialistas no fueron escuchados en los otros bancos sobre la necesidad de introducir esta obligación, que consideran clara e igualitaria. Por el momento, sólo los cuidadores han tenido que cumplir. Según el Ministerio de Sanidad, el 99,4% lo ha hecho.
En los otros grupos, muchos cuestionaron la temporalidad de la obligación general. «Relanzaría un debate que ahora parece superado», dijo la senadora Véronique Guillotin (RDSE, grupo mayoritario radical).
Por su parte, senador del LREM Martin Lévrier advirtió:
«Tendrá un efecto totalmente contraproducente y alienará aún más a los más resistentes»,
Otra crítica recurrente que se escuchó en los debates fue la de la dificultad de garantizar el cumplimiento real de la obligación, ya que «esto podría desacreditar la acción pública», advirtió el senador Philippe Mouiller (LR).
Patrick Kanner, presidente del grupo socialista, «creía» que estos argumentos «completamente delirantes» estaban «reservados al señor Philippot». «No estamos en un experimento. Tienen una autorización de comercialización, y una autorización de comercialización no significa que los procesos de seguimiento y farmacovigilancia hayan terminado», quiso aclarar Bernard Jomier, añadiendo que el regulador estadounidense (la FDA) había aprobado definitivamente la vacuna de Pfizer-BioNtech.
Aunque los socialistas no recibieron apoyo político para su propuesta, su derecho de iniciativa parlamentaria sí fue respaldado. La centrista Nadia Sollogoub expresó su simpatía por sus colegas socialistas que han sido víctimas de una «intolerable ola de amenazas». Añadió que el asunto se remitiría a los tribunales. Añadió que «no estamos legislando con un audiómetro o un sonómetro».
