Un destacado abogado especializado en relaciones laborales afirma que la mayoría de los empleadores podrían defender en los tribunales las políticas de vacunación obligatoria.
Mientras que la vacuna COVID-19 es obligatoria para trabajadores de primera línea de la cuarentena, seguidos próximamente por el personal de las residencias de ancianos, el gobierno federal ha adoptado un enfoque de no intervención ante los empleadores privados que las imponen.
A pesar de la ausencia de una guía a prueba de fallos de parte del gobierno australiano, el primer ministro Scott Morrison ha indicado que las propias empresas tendrán que comprobar la legalidad y “razonabilidad” de sus políticas de vacunación obligatoria.
Las empresas australianas están observando con atención el resultado de la reciente decisión del fabricante de alimentos SPC de imponer las vacunas a su personal.
SPC afirma que sus empleados deben reservar su primera dosis de la vacuna COVID-19 para mediados de septiembre, con el fin de reducir los posibles contagios a su personal y visitantes de las instalaciones.
Los sindicatos que representan a su personal dicen que la decisión se tomó sin consultar adecuadamente a los trabajadores, ignora la accesibilidad de la vacuna y podría ser discriminatoria para los trabajadores que no pueden vacunarse por razones médicas legítimas.
La disputa no ha llegado a convertirse en una verdadera batalla legal, pero el experto en derecho laboral Ian Neil SC dijo que, según la legislación australiana actual, no debería haber obstáculos para las políticas de vacunación obligatoria que tengan en cuenta las razones legítimas para no vacunarse.
El mismo declaró para Business Insider Australia, “para la mayoría de los empleadores, en el caso de la mayoría de los empleados, será tanto legal como razonable”. En su opinión aclaró que no existen “obstáculos legales” para fomentar una política interna de vacunación obligatoria por parte de las empresas.
Continúo agregando motivos que puedan impedirlo que abarcan desde problemas médicos, los cuales pueden afectar su seguridad por complicarse con la vacuna, hasta objeciones religiosas.
Neil sugirió que se podría facilitar a estos trabajadores la devolución de los resultados negativos de las pruebas recientes.
Hay precedentes recientes de este tipo de medidas, como es el caso de los trabajadores de la construcción de ocho regiones con grandes focos de contagio Sídney; quienes pueden volver al trabajo, solo si han recibido la vacuna. Las empresas del rubro esperan tener pruebas de detección rápida para los que se hayan aplicado la vacuna recientemente.
Los empresarios son libres de tantear el terreno legal, dice Morrison
El punto de vista de Neil es una de las muchas voces que se alzan en el agitado debate, que aún no ofrece respuestas concretas a las empresas que presionan por la inmunización obligatoria a su personal.
Australia no cuenta con una política general de vacunación obligatoria, pero el primer ministro Scott Morrison parece haber abierto la puerta a que las empresas privadas obliguen a vacunar a sus empleados el viernes.
Entre sus comentarios pueden encontrarse frases como “dar una directiva razonable al personal” aclarando que todo este legítimamente justificado. Entre el más prominente de sus comentarios se centra en “Todas estas son posiciones legales que tienen que pasar esa prueba de razonabilidad, y en última instancia son decididas por los tribunales”.
Ante las declaraciones del primer ministro, Neil alega “no es lo suficientemente claro” y complementa la idea con “Y sí, se podría hacer más. Es urgente que los gobiernos federales o estatales den directrices claras”.
El Defensor del Trabajo actualiza su recomendación
Tras el anuncio de Morrison, el Defensor del Trabajo, que asesora a los empresarios de todo el país sobre el cumplimiento de las normas, dijo que estaba actualizando sus orientaciones sobre los planes de vacunación obligatoria.
Otro medio informó que Safe Work Australia también está comparando sus consejos con otros organismos gubernamentales. Diane Smith-Gander, presidenta de Safe Work Australia, sugirió que las empresas de hostelería pueden tener una base razonable para exigir la vacunación de los trabajadores.
Ante la falta de claridad en la normativa, los sectores que han manifestado su deseo de imponer la vacunación del personal están retrasando sus propios requisitos.
El descenso del turismo y el cierre de oficinas combinado con los riesgos de infectarse con el virus chino, Neil promueve adoptar la vacuna como la “la forma más efectiva de prevenir la propagación de la enfermedad, del virus”.
En la capital australiana se está llevando a cabo una imposición a los trabajadores que afecta su derecho a al trabajo. El propio primer ministro se hace la vista gorda y deja que las empresas hagan lo que quieran con la finalidad de imponer la vacuna a sus trabajadores.
